Un grupo de 36 militares privados de libertad en la cárcel de Ramo Verde, ubicada en las afueras de Caracas, mantiene una huelga de hambre desde hace tres días para exigir su liberación mediante una amnistía. Entre los uniformados hay dos mujeres, todos procesados por delitos como rebelión y traición a la patria. Mientras tanto, sus familiares se concentran fuera del penal demandando la liberación de los reclusos y denunciando las restricciones impuestas en las condiciones carcelarias.
Los huelguistas se acercaron a la cerca metálica del centro penitenciario gritando consignas de protesta. "No tenemos miedo, no más torturas", "¡Libertad!" y "Que cierren los centros de torturas" fueron las expresiones que se escucharon desde el interior de la prisión militar. En los carteles desplegados en las rejas se podían leer frases como "¡Libertad ya!" y "presos políticos", mientras familiares y abogados denunciaban el aislamiento de los reclusos en una cancha separada del resto de la población penitenciaria.
Según denuncias de los allegados, las autoridades penitenciarias han impuesto restricciones graves que dificultan el acceso a servicios básicos. Sandra Hernández, esposa del sargento Luis Bandres, afirmó que se les limitó el acceso a la torre donde se encuentran los baños y servicios sanitarios. Además, los reclusos no recibieron agua potable y se vieron obligados a utilizar agua destinada al riego de plantas para hidratarse. Milagros Astudillos, esposa de otro uniformado encarcelado, vinculó estas restricciones con medidas de presión para que abandonen la huelga.
Organizaciones de derechos humanos como el Observatorio Venezolano de Prisiones expresaron preocupación por la falta de respuesta de las autoridades competentes. Ningún representante del Ministerio Público ni de la Defensoría del Pueblo visitó el penal durante los primeros tres días de la protesta, según reportaron las organizaciones y familiares que monitoreaban la situación. Esta ausencia de verificación de las denuncias sobre las condiciones de detención ha sido considerada como grave por los organismos defensores de derechos humanos.
Fuente: Infobae VE — Ver nota original